Artículo 20
Criterios generales
La conselleria competente en materia de educación debe garantizar, entre otros, el derecho del alumnado a ser escolarizado en un puesto escolar gratuito en la enseñanza básica y en el segundo ciclo de Educación Infantil en condiciones de igualdad y calidad; el derecho a la escolarización de todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación afectivosexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Asimismo, la conselleria competente en materia de educación regulará la escolarización del alumnado en el primer ciclo de Educación Infantil y la continuidad en las enseñanzas postobligatorias.
Todo el alumnado, excepto circunstancias excepcionales recogidas en este decreto, ha de escolarizarse en centros educativos ordinarios.
La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el alumnado con situaciones que requieren medidas para la compensación de desigualdades se llevará a cabo de manera equilibrada en todos los centros ordinarios sostenidos con fondos públicos y en ningún caso podrá superar una cuarta parte del total de alumnado matriculado en cada centro. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Administración de la Generalitat de desarrollar políticas sociales que incidan en la eliminación de los elementos del contexto sociocomunitario que generen desigualdad y exclusión.
Las madres, los padres o los representantes legales y, siempre que sea posible, el alumnado, deberán ser informados y consultados sobre las necesidades educativas, las decisiones de escolarización y las medidas recomendadas para la respuesta educativa.
El inicio y finalización de la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el alumnado con necesidades derivadas de situaciones de compensación de desigualdades se determinará considerando las edades fijadas con carácter general para todo el alumnado, de acuerdo con lo que regula la normativa vigente en materia de admisión en las diferentes etapas educativas.
En los centros de educación especial el alumnado podrá permanecer hasta los veintiún años, hecho que puede prolongarse hasta los veinticuatro años si el centro dispone de programas formativos o cualquier otro programa que la normativa prevea para este alumnado.
En las unidades específicas ubicadas en centros ordinarios, el alumnado podrá permanecer hasta el máximo de edad que indique la normativa aplicable a la etapa que imparta el centro del que forman parte. No obstante, cuando por razones geográficas o de otra índole, estas unidades se constituyan como unidades sustitutorias de los centros de educación especial, la edad de permanencia se equiparará a la de dichos centros.
Cuando las necesidades educativas así lo aconsejen, se promoverán programas de escolarización combinada entre centros ordinarios y otras modalidades u opciones de escolarización. Para ello, se establecerán los protocolos de coordinación necesarios entre los centros implicados, con el fin de garantizar una actuación pedagógica coherente y unificada, que permita al alumnado compensar la situación de desventaja por lo que respecta a la permanencia y promoción en el sistema educativo y, en su caso, favorecer la reincorporación al centro educativo en las condiciones que le posibilitan continuar con aprovechamiento sus estudios o acceder a regímenes de mayor inclusión.