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Artículo 2

Ámbito subjetivo de aplicación
1o

Las disposiciones de este título se aplicarán a:

  • a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
  • b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
  • c) Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
  • d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.
  • e) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
  • f) La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
  • g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
  • h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
  • i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.

La Casa del Rey, las Cortes, el Tribunal Constitucional, el Banco de España y los demás de la letra f) sí cumplen la ley, pero solo en lo que hacen como administración: contratos, personal, gastos. Por ejemplo, el Congreso publica sus contratos de limpieza, pero no tiene que dar por esta ley los borradores de una ley que está debatiendo.

2o

A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

No todo lo de la lista es «Administración Pública»: solo las letras a) a d). Una sociedad mercantil pública o una fundación del sector público sí tienen que cumplir la ley, pero no son Administración Pública. Eso importa porque algunas obligaciones (como las de los arts. 6.2, 7 y 8.3) son solo para las Administraciones.

En sencillo Entidades gestoras de la Seguridad Social: los organismos que pagan las prestaciones, como el INSS (pensiones) o el SEPE (paro).
En sencillo Mutuas: entidades que colaboran con la Seguridad Social en accidentes de trabajo y bajas.

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Estos apuntes explican juntos varios artículos.

Artículos 2 a 4

Quién tiene que cumplirla
QuiénQué tiene que hacer
Art. 2.1: Administraciones (Estado, CCAA, Ceuta y Melilla, entidades locales), Seguridad Social y mutuas, organismos autónomos y agencias, entidades de Derecho Público (incluidas las Universidades públicas), corporaciones de Derecho Público, Casa del Rey, Cortes, TC, CGPJ, Banco de España…, sociedades mercantiles con participación pública superior al 50 %, fundaciones del sector público y asociaciones de las AdministracionesTodo el Título I: publicidad activa y derecho de acceso
Art. 3: partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con más de 100.000 € al año en ayudas o con al menos el 40 % de sus ingresos en ayudas (mínimo 5.000 €)Solo publicidad activa (cap. II)
Art. 4: quien presta servicios públicos o ejerce potestades administrativas, y los adjudicatarios de contratosDar la información a su Administración, previo requerimiento
  • Corporaciones de Derecho Público, Casa del Rey, Cortes y demás de la letra f): solo en sus actividades sujetas a Derecho Administrativo (2.1.e y f).
  • Administraciones Públicas a efectos de esta ley = solo las letras a) a d) (2.2).

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Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Artículo 2

Ámbito subjetivo de aplicación

Capítulo IÁmbito subjetivo de aplicación
1

Las disposiciones de este título se aplicarán a:

  • a)La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
  • b)Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
  • c)Los organismos autónomos, las Agencias Estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
  • d)Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas, incluidas las Universidades públicas.
  • e)Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
  • f)La Casa de su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
  • g)Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100.
  • h)Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.
  • i)Las asociaciones constituidas por las Administraciones, organismos y entidades previstos en este artículo. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la medida en que, por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia, le resulten aplicables las disposiciones de este título. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación.
2

A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior.

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