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Ley 26/2018, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia

Artículo 191

Sanciones administrativas

Capítulo IIInfracciones y sanciones

Las infracciones administrativas tipificadas en esta ley serán sancionadas de la forma siguiente:

1

Las infracciones leves, con amonestación por escrito o multa de 300 euros a 6.000 euros.

2

Las infracciones graves, con multa de 6.000,01 euros a 60.000 euros. Con carácter accesorio a la sanción pecuniaria, podrá imponerse alguna de las siguientes:

  • a)El cierre total o parcial de la residencia u hogar de acogimiento o socioeducativo, hasta un año.
  • b)Prohibición de acceder a la financiación pública durante un período de hasta un año.
  • c)Difusión pública de la sanción impuesta en las condiciones fijadas por la autoridad sancionadora, cuando el responsable de la infracción sea algún medio de comunicación social
  • d)Prohibición de hasta un año, para el ejercicio de actividades en el ejercicio de las cuales se haya cometido la infracción.
3

Las infracciones muy graves, con multa de 60.000,01 a 600.000 euros. Con carácter accesorio a la sanción pecuniaria, podrá imponerse alguna de las siguientes:

  • a)Prohibición de acceder a la financiación pública durante un período de hasta tres años.
  • b)Difusión pública de la sanción impuesta en las condiciones fijadas por la autoridad sancionadora, cuando el responsable de la infracción sea algún medio de comunicación social.
  • c)Cierre temporal total o parcial de centro o servicio por un período máximo de tres años, o cierre definitivo total o parcial del centro o servicio. Cuando se trate de cierre definitivo, implicará la revocación de la autorización administrativa correspondiente.
  • d)Prohibición de hasta cinco años para el ejercicio de actividades o el desempeño de cargo, en el ejercicio de los cuales se haya cometido la infracción.
4

Las cuantías de las sanciones previstas en este artículo podrán ser revisadas por decreto del Consell, para mantener su proporcionalidad.

5

Los ingresos derivados de las sanciones establecidas en la presente ley se destinarán a programas de gastos con impacto directo en los derechos de la infancia y la adolescencia.

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