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Artículo 106

Revisión de disposiciones y actos nulos
1o

Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que

  • hayan puesto fin a la vía administrativa
  • o que no hayan sido recurridos en plazo,

en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2o

Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

Si un acto es nulo (los casos graves del art. 47.1), la Administración lo puede anular cuando sea, aunque ya sea firme: no hay plazo. Lo hace ella sola o porque se lo pide el interesado, pero antes necesita que el Consejo de Estado (en la Comunitat, el Consell Jurídic Consultiu) diga que sí (dictamen favorable).

Con los reglamentos nulos (art. 47.2) pasa igual, pero solo de oficio: el particular no puede pedirlo por esta vía.

3o

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas

  • no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1
  • o carezcan manifiestamente de fundamento,
  • así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
4o

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5o

Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

Revisión de nulos que no se resuelve en 6 meses: si la empezó la Administración → CADUCA; si la pediste tú → DESESTIMADA (silencio negativo).

No hay plazo: se puede declarar la nulidad en cualquier momento. (Examen 9/16)

En cualquier momento, por iniciativa propia O a solicitud de interesado, y con dictamen FAVORABLE del Consejo de Estado u órgano equivalente, si lo hubiere. Trampas: dictamen "desfavorable", "por iniciativa propia y a solicitud", "si no lo hubiere", "en cualquier momento anterior al trámite de audiencia". (Exámenes 7/22 y 8/22)

Iniciado de oficio, a los 6 meses sin resolver → caducidad. Trampas: 2, 3 o 12 meses. (Examen 22/19)

De oficio → caducidad a los 6 meses; a solicitud → desestimada por silencio. Trampas: "prescripción", "estimada" por silencio, 12 meses. (Examen 151/21)

De oficio, a los 6 meses, caducidad. Trampas: 3 meses, o que la iniciada de oficio se entiende "desestimada por silencio" (eso es la que pide el interesado). (Exámenes 157/21 y 197/21)

A solicitud del interesado, sin resolver → se puede entender desestimada por silencio. Trampas: "invalidez", "estimada", "caducidad". (Examen 69/18)

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 106

Revisión de disposiciones y actos nulos

Capítulo IRevisión de oficio
1

Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2

Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.

3

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

4

Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.

5

Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.

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