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Artículo 128

Potestad reglamentaria
1o

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al

  • Gobierno de la Nación,
  • a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos,
  • y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
2o

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán

  • tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas,
  • establecer penas o sanciones,
  • así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
3o

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Un reglamento es una norma que hace el Gobierno (o el Consell, o el Ayuntamiento), no el Parlamento. Siempre va por debajo de la ley: no puede ir contra ella, ni crear delitos, sanciones o impuestos por su cuenta.

Los reglamentos no podrán vulnerar la Constitución o las leyes. Trampas: que "podrán" regular materias de las Cortes, tipificar delitos o establecer penas. (Examen 41/16)

La potestad reglamentaria corresponde a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, según sus Estatutos. Trampas: el Senado, el Congreso, Les Corts. (Examen 41/16)

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Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común

Artículo 128

Potestad reglamentaria

Título VIDe la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
1

El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

2

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

3

Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

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