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Artículo 25

Principio de legalidad
1o

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2o

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

3o

Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

4o

Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

La Administración solo puede multar si una norma con rango de ley (una ley, un decreto-ley o un decreto legislativo) le da ese poder. Qué órgano concreto multa sí lo puede decir un reglamento.

Estos principios valen también para sancionar a sus propios empleados (régimen disciplinario), pero no para las penalidades de un contrato público.

La potestad sancionadora tiene que estar reconocida por una NORMA CON RANGO DE LEY. Trampas: un reglamento, "una Ley" (se queda corto), un decreto legislativo (es solo un tipo de norma con rango de ley). (Examen 9/16)

El ejercicio corresponde a los órganos que la tengan atribuida por disposición de rango legal o reglamentario. Trampas: atribuida "por el Presidente del Congreso" o "del Senado". (Examen 41/16)

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Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

Artículo 25

Principio de legalidad

Capítulo IIIPrincipios de la potestad sancionadora
1

La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2

El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

3

Las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.

4

Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

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