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Artículo 10

Medidas de respuesta educativa para la inclusión
1o

Las medidas de respuesta educativa para la inclusión constituyen todas las actuaciones educativas planificadas desde un enfoque sistémico que tienen como objeto garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado, especialmente para aquel que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, mediante la eliminación de las barreras que limitan su desarrollo para, de este modo, dar una respuesta personalizada a sus necesidades.

2o

Estas medidas se organizan en cuatro niveles de concreción, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 104/2018, y las dimensiones de acceso, aprendizaje y participación recogidas en las líneas generales de actuación del artículo 4 del mismo decreto.

Las medidas de acceso tienen como objeto asegurar la presencia de todo el alumnado en todas las experiencias educativas que se desarrollan en el centro, lo cual implica la planificación, provisión y organización de los medios y apoyos más adecuados para garantizar la accesibilidad física, sensorial, comunicativa, cognitiva y emocional/actitudinal del alumnado y la implementación de actuaciones para prevenir y reducir el abandono escolar, así como las medidas para compensar las desigualdades en el acceso y permanencia en el sistema educativo derivadas de situaciones personales, sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole.

Las medidas de aprendizaje hacen referencia a la organización de las medidas curriculares y tienen que cumplir los requisitos especificados en el punto 5 del artículo 4 del Decreto 104/2018.

Las medidas de participación tienen como objeto implementar la cultura y los valores de la educación inclusiva en las prácticas educativas, cosa que implica el desarrollo de medidas que promueven la igualdad y la convivencia, la prevención y detección de las situaciones de acoso escolar y la consiguiente intervención, la valoración de la diversidad cultural y étnica, la acogida y el sentido de pertenencia del alumnado a la comunidad global y local, en el centro y a su grupo clase. La finalidad es conseguir que la escuela sea un entorno libre, seguro, sostenible, saludable y democrático, donde todo el mundo se sienta acogido, reconocido, valorado y respetado.

3o

El equipo directivo ha de garantizar que las líneas y criterios básicos que orientan el establecimiento de medidas a medio y largo plazo del Proyecto educativo del centro (PEC), la Programación general anual (PGA), las prácticas educativas y todas las actuaciones que se desarrollan en cada uno de los niveles de respuesta incorporen las líneas generales de actuación establecidas en el artículo 4 del Decreto 104/2018, teniendo en cuenta la idiosincrasia del centro y las conclusiones del análisis de los factores que facilitan o dificultan la inclusión en el contexto escolar, familiar y sociocultural. Asimismo, tiene que impulsar la participación y la cooperación de toda la comunidad educativa, la apertura del centro al entorno próximo y el trabajo en red entre el personal educativo del centro y con otros centros.

4o

El equipo directivo, el profesorado y los servicios especializados de orientación, cada cual en el ámbito de sus competencias, tienen que adoptar las medidas para que las familias y el alumnado reciban asesoramiento e información, de forma continua, individualizada y en formato accesible, sobre las medidas de respuesta educativa que se adopten y las pautas que contribuyen a mejorar el desarrollo personal, intelectual, social y emocional.

5o

En la toma de decisiones se tiene que escuchar y tomar en consideración la opinión de las familias o representantes legales y, siempre que sea posible, del alumnado. También pueden participar, si procede y dentro del ámbito de sus competencias, otros agentes de los contextos formales e informales con los que el alumnado se relaciona habitualmente, en el marco de las planificaciones centradas en la persona. Estos procesos de toma de decisiones se tienen que llevar a cabo respetando el principio del superior interés del menor y el ejercicio de las potestades que tiene conferidas la función docente y orientadora para garantizar el derecho fundamental de la educación.

6o

La dirección de los centros públicos tiene que autorizar las medidas curriculares extraordinarias de nivel III y las medidas de nivel IV que implican actos administrativos en el ámbito competencial de los centros docentes y formalizar la solicitud de las medidas que implican la autorización de la Administración educativa. En el caso de los centros privados concertados, la titularidad del centro, o los órganos que esta determine, autorizan las medidas curriculares extraordinarias de nivel III y las medidas de nivel IV que implican actos administrativos en el ámbito competencial de los centros docentes; la solicitud de las medidas que requieren subvención o concierto de la Administración educativa es competencia de la titularidad del centro.

7o

Las medidas que implican actos administrativos en el ámbito competencial de las direcciones territoriales competentes en materia de educación tienen que ser autorizadas por la persona titular de la dirección territorial competente en materia de educación.

8o

La comisión de coordinación pedagógica o el órgano del centro que tenga atribuidas estas funciones, tiene que establecer las directrices y coordinar la organización e implementación de las medidas de respuesta para la inclusión, de acuerdo con los criterios del claustro y en coherencia con el Proyecto educativo del centro, el Plan de actuación para la mejora y, si es el caso, los planes de actuación personalizados del alumnado.

9o

Los criterios para la aplicación de las medidas curriculares extraordinarias de nivel III y las medidas de nivel IV se concretan en las secciones primera, segunda, tercera y cuarta de este capítulo.

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Orden 20/2019, organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado

Artículo 10

Medidas de respuesta educativa para la inclusión

Capítulo IVRespuesta educativa para la inclusión
1

Las medidas de respuesta educativa para la inclusión constituyen todas las actuaciones educativas planificadas desde un enfoque sistémico que tienen como objeto garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado, especialmente para aquel que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, mediante la eliminación de las barreras que limitan su desarrollo para, de este modo, dar una respuesta personalizada a sus necesidades.

2

Estas medidas se organizan en cuatro niveles de concreción, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 104/2018, y las dimensiones de acceso, aprendizaje y participación recogidas en las líneas generales de actuación del artículo 4 del mismo decreto.

Las medidas de acceso tienen como objeto asegurar la presencia de todo el alumnado en todas las experiencias educativas que se desarrollan en el centro, lo cual implica la planificación, provisión y organización de los medios y apoyos más adecuados para garantizar la accesibilidad física, sensorial, comunicativa, cognitiva y emocional/actitudinal del alumnado y la implementación de actuaciones para prevenir y reducir el abandono escolar, así como las medidas para compensar las desigualdades en el acceso y permanencia en el sistema educativo derivadas de situaciones personales, sociales, económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole.

Las medidas de aprendizaje hacen referencia a la organización de las medidas curriculares y tienen que cumplir los requisitos especificados en el punto 5 del artículo 4 del Decreto 104/2018.

Las medidas de participación tienen como objeto implementar la cultura y los valores de la educación inclusiva en las prácticas educativas, cosa que implica el desarrollo de medidas que promueven la igualdad y la convivencia, la prevención y detección de las situaciones de acoso escolar y la consiguiente intervención, la valoración de la diversidad cultural y étnica, la acogida y el sentido de pertenencia del alumnado a la comunidad global y local, en el centro y a su grupo clase. La finalidad es conseguir que la escuela sea un entorno libre, seguro, sostenible, saludable y democrático, donde todo el mundo se sienta acogido, reconocido, valorado y respetado.

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El equipo directivo ha de garantizar que las líneas y criterios básicos que orientan el establecimiento de medidas a medio y largo plazo del Proyecto educativo del centro (PEC), la Programación general anual (PGA), las prácticas educativas y todas las actuaciones que se desarrollan en cada uno de los niveles de respuesta incorporen las líneas generales de actuación establecidas en el artículo 4 del Decreto 104/2018, teniendo en cuenta la idiosincrasia del centro y las conclusiones del análisis de los factores que facilitan o dificultan la inclusión en el contexto escolar, familiar y sociocultural. Asimismo, tiene que impulsar la participación y la cooperación de toda la comunidad educativa, la apertura del centro al entorno próximo y el trabajo en red entre el personal educativo del centro y con otros centros.

4

El equipo directivo, el profesorado y los servicios especializados de orientación, cada cual en el ámbito de sus competencias, tienen que adoptar las medidas para que las familias y el alumnado reciban asesoramiento e información, de forma continua, individualizada y en formato accesible, sobre las medidas de respuesta educativa que se adopten y las pautas que contribuyen a mejorar el desarrollo personal, intelectual, social y emocional.

5

En la toma de decisiones se tiene que escuchar y tomar en consideración la opinión de las familias o representantes legales y, siempre que sea posible, del alumnado. También pueden participar, si procede y dentro del ámbito de sus competencias, otros agentes de los contextos formales e informales con los que el alumnado se relaciona habitualmente, en el marco de las planificaciones centradas en la persona. Estos procesos de toma de decisiones se tienen que llevar a cabo respetando el principio del superior interés del menor y el ejercicio de las potestades que tiene conferidas la función docente y orientadora para garantizar el derecho fundamental de la educación.

6

La dirección de los centros públicos tiene que autorizar las medidas curriculares extraordinarias de nivel III y las medidas de nivel IV que implican actos administrativos en el ámbito competencial de los centros docentes y formalizar la solicitud de las medidas que implican la autorización de la Administración educativa. En el caso de los centros privados concertados, la titularidad del centro, o los órganos que esta determine, autorizan las medidas curriculares extraordinarias de nivel III y las medidas de nivel IV que implican actos administrativos en el ámbito competencial de los centros docentes; la solicitud de las medidas que requieren subvención o concierto de la Administración educativa es competencia de la titularidad del centro.

7

Las medidas que implican actos administrativos en el ámbito competencial de las direcciones territoriales competentes en materia de educación tienen que ser autorizadas por la persona titular de la dirección territorial competente en materia de educación.

8

La comisión de coordinación pedagógica o el órgano del centro que tenga atribuidas estas funciones, tiene que establecer las directrices y coordinar la organización e implementación de las medidas de respuesta para la inclusión, de acuerdo con los criterios del claustro y en coherencia con el Proyecto educativo del centro, el Plan de actuación para la mejora y, si es el caso, los planes de actuación personalizados del alumnado.

9

Los criterios para la aplicación de las medidas curriculares extraordinarias de nivel III y las medidas de nivel IV se concretan en las secciones primera, segunda, tercera y cuarta de este capítulo.

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