Artículo 45
Criterios para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales
Para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales es preceptiva una evaluación sociopsicopedagógica y la emisión del informe sociopsicopedagógico por parte de los servicios especializados de orientación. Cuando este alumnado se encuentra en alguno de los supuestos que se indican en el artículo 46 de esta orden, se tiene que tramitar un dictamen de escolarización.
La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales puede realizarse en alguna de las modalidades siguientes:
- a)Modalidad ordinaria, que puede ser en:
– Aula ordinaria a tiempo completo.
– Unidad específica en centro ordinario a tiempo parcial.
- b)Modalidad específica, que puede ser en:
– Centro de Educación Especial.
– Unidad específica sustitutiva de un centro de Educación Especial.
- c)Modalidad combinada específica y ordinaria en aula ordinaria.
La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales se tiene que realizar, salvo en caso de circunstancias excepcionales, en la modalidad ordinaria en un centro próximo al domicilio familiar o laboral que cuente con los medios necesarios, o que puedan proveerse mediante los ajustes razonables, con el fin de dar una respuesta educativa contextualizada y adaptada a sus necesidades.
Se tiene que procurar una escolarización equilibrada de este alumnado entre todos los centros sostenidos con fondos públicos de una misma zona o distrito escolar. Las comisiones de escolarización municipales, con la información aportada por los servicios especializados de orientación y otros organismos, como los servicios sociales, son las encargadas de coordinar esta escolarización, ajustándose a los límites que especifica el artículo 20 del Decreto 104/2018 y a la normativa vigente que regula la admisión en las diferentes enseñanzas.
La escolarización en la modalidad ordinaria en ningún caso puede realizarse conformando grupos específicos y diferenciados de carácter permanente, sino que tiene que hacerse de forma heterogénea entre todos los grupos de un mismo nivel educativo, excluyendo de la composición cualquier criterio discriminatorio.
La escolarización del alumnado en la modalidad específica en un centro específico de Educación Especial o en una unidad específica sustitutiva ha de considerarse, excepcionalmente, cuando el informe sociopsicopedagògico justifica que el alumnado requiere apoyos y medidas de alta intensidad e individualización que pueden ser prestados en mejores condiciones en estos centros o unidades, después de haber valorado todas las posibilidades de inclusión y considerado los ajustes razonables que pueden introducirse en un centro ordinario.
Todas las decisiones y acciones que se lleven a cabo referidas a la escolarización de este alumnado, especialmente en la escolarización inicial, se tienen que coordinar con las familias o representantes legales y, si procede, con otras administraciones, a fin de conseguir la propuesta educativa más inclusiva desde el inicio de la escolaridad. En el proceso de escolarización se tiene que prestar especial atención al acompañamiento y asesoramiento integral a las familias y al fomento de la participación de todas las personas implicadas, para conformar un proceso colaborativo.
Las decisiones sobre la escolarización están sujetas a un seguimiento continuado por los centros docentes y por los servicios educativos competentes, con el fin de garantizar su carácter revisable y reversible, hecho que es preceptivo en el cambio de etapa. Los centros docentes y las familias pueden solicitar la revisión de la modalidad de escolarización en cualquier momento de la escolaridad.
En los ciclos formativos de Formación Profesional, cuando el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad solicita plaza o es orientado hacia esta formación, la dirección o la titularidad del centro tiene que solicitar al departamento de la familia profesional correspondiente un informe, con el fin de determinar si puede lograr las competencias y las capacidades profesionales necesarias.
En los ciclos de Formación Profesional se tiene que reservar un 5 % del número de plazas para personas con discapacidad y se tiene que garantizar, como mínimo, independientemente del número de plazas convocadas, la reserva de una plaza para personas con discapacidad, de conformidad con la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad, modificada por la Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, siempre que el alumnado pueda cursar los módulos de la familia profesional correspondiente.